BOL_07/12.-Ante crisis graves y recurrentes como la que enfrentan hoy los indígenas de la Sierra Tarahumara, el advenimiento de hambruna y severas sequías que agudizarán la escasez de alimentos en el país y a la luz de las lluvias atípicas y sin precedentes que se registraron en el 2010, particularmente en el sureste de México, es de lamentarse que esté detenido en la Cámara Alta, pendiente de aprobación, el proyecto de decreto que expide la Nueva Ley General de Protección Civil.
Así lo afirmó hoy el senador de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado, Francisco Alcibíades García Lizardi, al señalar que en el nuevo ordenamiento legal se estipulan los principios de inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación de auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre, para casos como los que hoy agobian a los tarahumaras.
Además, añadió, la agudización de estos problemas es ya una realidad a causa del calentamiento global: estamos en presencia de siniestros cuyo impacto es cada vez mayor en víctimas humanas y cuantiosos daños materiales.
Mencionó el senador bajacaliforniano que bajo el principio de que es prioritario proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, la nueva Ley de Protección Civil prevé también que el Presupuesto de Egresos de la Federación provea recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, a fin de promover y apoyar acciones de orden preventivo, así como las de auxilio a la población en situación de emergencia y la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural.
Por otra parte, en el marco de la Gestión Integral de Riesgos, la nueva ley establece estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes.
Finalmente, el senador García Lizardi hizo un respetuoso exhorto a las comisiones dictaminadoras del Senado para que actúen sin demora, a fin de que la población desprotegida ante emergencias por desastres naturales, cuente con una eficaz herramienta de auxilio y el Estado cumpla así cabalmente con una obligación constitucional.
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