El Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia lamenta profundamente y condena con toda energía el impune y cobarde asesinato de Eloy Baños Amézquita, hijo del secretario general de nuestro partido en el estado de Tabasco, Ezequiel Ventura Baños.
Convergencia exige que este infame crimen sea investigado a fondo y que el o los responsables, sean castigados con todo el rigor de la ley. El poder público tiene esa obligación constitucional y debe cumplirla sin excusas.
No podemos dejar de señalar que el asesinato de Eloy Baños se suma, por desgracia, a una ola de violencia que desde hace meses azota al estado de Tabasco y que nadie parece capaz de detener.
Forma parte también de un trágico escenario nacional de inseguridad. Mientras el discurso oficial se empeña en afirmar lo contrario, la realidad lo desmiente y golpea a los mexicanos: asesinatos, secuestros, extorsiones, víctimas inocentes de tiroteos callejeros o balaceras en centros de esparcimiento, que la autoridad registra como meros “daños colaterales”, suceden todos los días, en abierto desafío al estado de derecho.
México no debe seguir así. El Ejecutivo no puede desdeñar el reciente Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, que ha señalado inequívocamente el fracaso del uso de la violencia para combatir al crimen organizado.
Reiteramos hoy que la seguridad no se declara. Se garantiza.
Convergencia exige que este infame crimen sea investigado a fondo y que el o los responsables, sean castigados con todo el rigor de la ley. El poder público tiene esa obligación constitucional y debe cumplirla sin excusas.
No podemos dejar de señalar que el asesinato de Eloy Baños se suma, por desgracia, a una ola de violencia que desde hace meses azota al estado de Tabasco y que nadie parece capaz de detener.
Forma parte también de un trágico escenario nacional de inseguridad. Mientras el discurso oficial se empeña en afirmar lo contrario, la realidad lo desmiente y golpea a los mexicanos: asesinatos, secuestros, extorsiones, víctimas inocentes de tiroteos callejeros o balaceras en centros de esparcimiento, que la autoridad registra como meros “daños colaterales”, suceden todos los días, en abierto desafío al estado de derecho.
México no debe seguir así. El Ejecutivo no puede desdeñar el reciente Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, que ha señalado inequívocamente el fracaso del uso de la violencia para combatir al crimen organizado.
Reiteramos hoy que la seguridad no se declara. Se garantiza.
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