RESPETO AL ESTADO LAICO

La Comisión Política Nacional de Convergencia, en su sesión del pasado 19 de agosto del año en curso, a propuesta de nuestro representante ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, Dr. Óscar Octavio Moguel Ballado, acordó expresar su profunda preocupación y rechazo a las expresiones públicas como las vertidas por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez y por Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México, flagrantemente violatorias del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por sus graves acusaciones a instituciones del Estado mexicano, concretamente en contra de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de los partidos políticos.

Hacemos un enérgico llamado a la Secretaría de Gobernación para que cumpla con sus obligaciones de vigilar que las asociaciones religiosas y los ministros de culto se ajusten a lo dispuesto por nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan.

Toda libertad conlleva obligaciones. Y la libertad de opinar de la que disfrutan los ministros del culto, no tiene más limitaciones que el respeto a nuestro Código supremo. El artículo 130 constitucional determina que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

Los principios socialdemócratas que postula Convergencia desde su incorporación a la vida política de México, no dan pie a equívocos: la salud democrática del país se mide no por la fuerza de sus mayorías, sino por los derechos que ejercen las minorías y la observancia del estado de derecho.

El mismo artículo 130 determina que los ministros de los cultos no podrán…”realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones...”

La pluralidad constituye el rico e invaluable patrimonio social de nuestro país, siempre en un marco de coexistencia: el respeto a la ley. Y la clave para preservarla es el laicismo. No basta que quienes conducen al Estado mexicano declaren que respetan la libertad y los derechos de esa pluralidad social. Están obligados a garantizarla porque, de no hacerlo, las consecuencias pueden significar el quebrantamiento de la vida institucional, y de ahí a la división y al enfrentamiento fratricida sólo habrá que dar un paso.

UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL