Posicionamiento del Diálogo por la Reconstrucción de México en relación al caso de Gregorio Sánchez Martínez, candidato a la gubernatura estatal por la mega alianza “Todos por Quintana Roo”.
Documento leído por el Lic. Manuel Camacho Solís, coordinador del DIA en conferencia de prensa el 9 de junio de 2010 
El uso político del ministerio público y los tribunales contra los opositores es una característica inconfundible de un régimen autoritario. En nuestro país debemos cerrar la posibilidad de que, desde cualquier nivel de gobierno (del partido que sea), se pretenda inhabilitar a un opositor mediante reformas ad hoc que lo excluyen de la competencia o mediante actos de autoridad que lo inhabiliten.
Es necesario evitar que se afirme una tendencia autoritaria a criminalizar la lucha opositora y social. Si no lo hacemos, los avances democráticos de las últimas décadas habrían terminado y estaríamos en un franco proceso de restauración autoritaria, donde quienes militan en la oposición política, sindical y social, y quienes ejercen su libertad de opinión, estarían en riesgo de perder sus derechos, ir a la cárcel o ser objeto de la represión.
En el caso de Greg Sánchez debemos evitar que ese tipo de procedimientos autoritarios prevalezca. Si Greg fuera culpable de los delitos graves que se le achacan, que así lo decida la justicia, conforme a la Constitución y el debido proceso legal.
Por lo pronto, en opinión de algunos de los más prestigiados abogados, el expediente de la acusación en su contra es a tal punto contradictorio e inverosímil que desprestigia a la autoridad investigadora y al juez que concedió la orden de aprehensión.
Todo indica que el caso de Gregorio Sánchez es uno de persecución política. Se recurrió a algunos de los mismos testigos protegidos que a los del “michoacanazo”. Se inició la averiguación a unos días de que la Suprema Corte de Justicia echó abajo -por inconstitucional- la reforma local que pretendía inhabilitarlo como candidato. Se guardó la averiguación hasta que fue registrado como candidato. Se solicitó la orden al Juez, la cual fue rechazada por carecer de sustento. Se sustrajo ilegalmente la decisión del juez del expediente. Se envió, sin ninguna prueba adicional, a un segundo juez, precisamente al encargado de ordenar las detenciones del michoacanazo y de líderes de diversos movimientos sociales.
No deja de sorprender que estos actos de criminalización a la oposición política vayan dirigidos contra la izquierda. Ya son varios los ejemplos. Igualmente llama la atención que otros casos de funcionarios de alto rango, vinculados a la coalición gobernante, señalados por las autoridades judiciales como responsables de actos de violación sistemática de los derechos humanos y corrupción, no hayan sido sancionados.
Si las fuerzas políticas de la izquierda y el centro izquierda aceptamos en este momento este tipo de métodos persecutorios para descalificar a nuestros candidatos y a nuestros partidos, estaríamos aceptando desde ahora que, en otras elecciones, sean las autoridades judiciales quienes decidan quiénes serán los candidatos de la oposición. Si el poder los considera incómodos, recurrirán a la cancelación de sus derechos políticos o a su inhabilitación. Si aceptamos que el ministerio público decida, sin que un juez sentencie y condene, no sólo estaríamos declarando culpable a quien la justicia no ha sancionado y presume inocente, sino que estaríamos alimentando la reproducción de estas prácticas persecutorias e inconfundiblemente autoritarias.
Si como resultado de procesos judiciales imparciales Greg o cualquier candidato o militante de nuestros partidos fuera declarado culpable de delitos, y sobretodo de asociación con la delincuencia organizada, nosotros seríamos los primeros en respaldar la decisión de la autoridad. Reprobamos de manear inequívoca cualquier asociación delictuosa y jamás serviremos de tapadera a la ilegalidad.
Lo que rechazamos es la exclusión política por vías judiciales. Si no lo hacemos hoy, el día de mañana, la autoridad podrá acusar e inhabilitar a nuestro candidato a la presidencia en base a declaraciones de testigos protegidos que lo acusen de vinculación con el crimen organizado. En 2005 pretendieron inhabilitar a quien sería nuestro candidato, a Andrés Manuel López, con un recurso de dudosa legalidad y clara intención política que llevó a su desafuero. En 2012 no podemos dejarles libre la vía de la inhabilitación judicial. Para eso se reformó el artículo 20 de la Constitución y México ha firmado los tratados internacionales que protegen los derechos políticos y sólo permiten retirar a un candidato si media sentencia y condena. Al oponernos a estos procedimientos autoritarios estamos defendiendo el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución.
Por las razones anteriores, los partidos integrantes del DIA (Diálogo para la reconstrucción de México), el PRD, PT y Convergencia, hemos decidido mantener la candidatura del ciu
dadano Gregorio Sánchez. Se han interpuesto recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los mismos argumentos que se utilizaron para defender la candidatura de Martín Orozco por parte del PAN para las elecciones de gobernador de Aguascalientes. Promoveremos también los amparos correspondientes ante el Poder Judicial de la Federación y apoyaremos a la defensa que hacen prestigiados abogados contra las acusaciones penales que se le imputan a nuestro candidato.
La decisión es que Greg sigue como candidato a gobernador de la coalición de PRD, PT y Convergencia hasta en tanto no se agoten las instancias legales para la defensa de sus derechos políticos y que se dará la lucha en todos los espacios nacionales e internacionales para poner un freno al uso político del ministerio público y los tribunales contra la oposición de izquierda. Más importante que los votos de Quintana Roo son los derechos políticos de los mexicanos.
Consideramos que, por encima de la posibilidad de ganar una gubernatura -lo que la candidatura de Greg permitía- está nuestra obligación cívica y política de evitar que se consume en México el retorno a un régimen autoritario.
Más importante que cualquier cálculo electoral es la defensa de los derechos de los ciudadanos: de libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de votar y ser votado, derecho de asociación y de huelga y libertad de pensamiento.
En estos tiempos se vuelve necesario defender los derechos sociales que nuestra Constitución consagró, como producto de la lucha revolucionaria de principios de siglo XX y los derechos políticos que hizo posible la lucha a favor de la democracia de las últimas décadas.
El uso político del ministerio público y los tribunales contra los opositores es una característica inconfundible de un régimen autoritario. En nuestro país debemos cerrar la posibilidad de que, desde cualquier nivel de gobierno (del partido que sea), se pretenda inhabilitar a un opositor mediante reformas ad hoc que lo excluyen de la competencia o mediante actos de autoridad que lo inhabiliten.Es necesario evitar que se afirme una tendencia autoritaria a criminalizar la lucha opositora y social. Si no lo hacemos, los avances democráticos de las últimas décadas habrían terminado y estaríamos en un franco proceso de restauración autoritaria, donde quienes militan en la oposición política, sindical y social, y quienes ejercen su libertad de opinión, estarían en riesgo de perder sus derechos, ir a la cárcel o ser objeto de la represión.
En el caso de Greg Sánchez debemos evitar que ese tipo de procedimientos autoritarios prevalezca. Si Greg fuera culpable de los delitos graves que se le achacan, que así lo decida la justicia, conforme a la Constitución y el debido proceso legal.
Por lo pronto, en opinión de algunos de los más prestigiados abogados, el expediente de la acusación en su contra es a tal punto contradictorio e inverosímil que desprestigia a la autoridad investigadora y al juez que concedió la orden de aprehensión.
Todo indica que el caso de Gregorio Sánchez es uno de persecución política. Se recurrió a algunos de los mismos testigos protegidos que a los del “michoacanazo”. Se inició la averiguación a unos días de que la Suprema Corte de Justicia echó abajo -por inconstitucional- la reforma local que pretendía inhabilitarlo como candidato. Se guardó la averiguación hasta que fue registrado como candidato. Se solicitó la orden al Juez, la cual fue rechazada por carecer de sustento. Se sustrajo ilegalmente la decisión del juez del expediente. Se envió, sin ninguna prueba adicional, a un segundo juez, precisamente al encargado de ordenar las detenciones del michoacanazo y de líderes de diversos movimientos sociales.No deja de sorprender que estos actos de criminalización a la oposición política vayan dirigidos contra la izquierda. Ya son varios los ejemplos. Igualmente llama la atención que otros casos de funcionarios de alto rango, vinculados a la coalición gobernante, señalados por las autoridades judiciales como responsables de actos de violación sistemática de los derechos humanos y corrupción, no hayan sido sancionados.
Si las fuerzas políticas de la izquierda y el centro izquierda aceptamos en este momento este tipo de métodos persecutorios para descalificar a nuestros candidatos y a nuestros partidos, estaríamos aceptando desde ahora que, en otras elecciones, sean las autoridades judiciales quienes decidan quiénes serán los candidatos de la oposición. Si el poder los considera incómodos, recurrirán a la cancelación de sus derechos políticos o a su inhabilitación. Si aceptamos que el ministerio público decida, sin que un juez sentencie y condene, no sólo estaríamos declarando culpable a quien la justicia no ha sancionado y presume inocente, sino que estaríamos alimentando la reproducción de estas prácticas persecutorias e inconfundiblemente autoritarias.
Si como resultado de procesos judiciales imparciales Greg o cualquier candidato o militante de nuestros partidos fuera declarado culpable de delitos, y sobretodo de asociación con la delincuencia organizada, nosotros seríamos los primeros en respaldar la decisión de la autoridad. Reprobamos de manear inequívoca cualquier asociación delictuosa y jamás serviremos de tapadera a la ilegalidad.
Lo que rechazamos es la exclusión política por vías judiciales. Si no lo hacemos hoy, el día de mañana, la autoridad podrá acusar e inhabilitar a nuestro candidato a la presidencia en base a declaraciones de testigos protegidos que lo acusen de vinculación con el crimen organizado. En 2005 pretendieron inhabilitar a quien sería nuestro candidato, a Andrés Manuel López, con un recurso de dudosa legalidad y clara intención política que llevó a su desafuero. En 2012 no podemos dejarles libre la vía de la inhabilitación judicial. Para eso se reformó el artículo 20 de la Constitución y México ha firmado los tratados internacionales que protegen los derechos políticos y sólo permiten retirar a un candidato si media sentencia y condena. Al oponernos a estos procedimientos autoritarios estamos defendiendo el Estado de Derecho y la vigencia de la Constitución.
Por las razones anteriores, los partidos integrantes del DIA (Diálogo para la reconstrucción de México), el PRD, PT y Convergencia, hemos decidido mantener la candidatura del ciu
dadano Gregorio Sánchez. Se han interpuesto recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los mismos argumentos que se utilizaron para defender la candidatura de Martín Orozco por parte del PAN para las elecciones de gobernador de Aguascalientes. Promoveremos también los amparos correspondientes ante el Poder Judicial de la Federación y apoyaremos a la defensa que hacen prestigiados abogados contra las acusaciones penales que se le imputan a nuestro candidato.La decisión es que Greg sigue como candidato a gobernador de la coalición de PRD, PT y Convergencia hasta en tanto no se agoten las instancias legales para la defensa de sus derechos políticos y que se dará la lucha en todos los espacios nacionales e internacionales para poner un freno al uso político del ministerio público y los tribunales contra la oposición de izquierda. Más importante que los votos de Quintana Roo son los derechos políticos de los mexicanos.
Consideramos que, por encima de la posibilidad de ganar una gubernatura -lo que la candidatura de Greg permitía- está nuestra obligación cívica y política de evitar que se consume en México el retorno a un régimen autoritario.
Más importante que cualquier cálculo electoral es la defensa de los derechos de los ciudadanos: de libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de votar y ser votado, derecho de asociación y de huelga y libertad de pensamiento.
En estos tiempos se vuelve necesario defender los derechos sociales que nuestra Constitución consagró, como producto de la lucha revolucionaria de principios de siglo XX y los derechos políticos que hizo posible la lucha a favor de la democracia de las últimas décadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario